Santo Domingo Oeste. — El miedo ha regresado al sector de Bayona. Andreina Jaime, madre de una niña de 11 años, vive atrincherada y bajo amenaza tras la liberación de Osvaldo Ezequiel Ortiz (59), acusado de abusar de la menor. A pesar de haber cumplido nueve meses de prisión preventiva, una variación en la medida de coerción ha permitido que el imputado regrese a las calles, donde, según la denunciante, transita frente a su vivienda con música alta y actitud intimidante.
Crónica de una vulneración Los hechos, que datan de noviembre de 2024, describen un patrón de acecho: la menor era interceptada a la salida de la escuela y trasladada a una zona boscosa cercana a la UASD. Sin embargo, el caso podría no ser aislado. Investigaciones de trabajo social sugieren un modus operandi escalofriante: el pago de entre 10 y 15 mil pesos a mujeres indocumentadas para silenciar abusos similares contra sus hijas.
Un sistema que revictimiza La libertad de Ortiz se fundamentó en una “duda razonable” provocada por una inconsistencia inicial en el testimonio de la niña, quien primero acusó a su hermano bajo presunta amenaza. La defensa señala irregularidades graves en la Cámara Gesell, donde un evaluador habría coaccionado a la menor diciéndole que su madre iría presa si no hablaba.
“Mi hija se esconde debajo de la cama, tiene miedo de que me maten”, relata Jaime, quien enfrenta el juicio de fondo este 3 de diciembre en la ruina financiera y emocional, mientras el acusado sigue libre.
