ÚLTIMA HORA: GABRIELA GÓMEZ ABANDONÓ MÉXICO, LO ADMITE LA PRESIDENTA
Hay crímenes que estremecen por la forma en que una vida se apaga. Y hay otros que hieren aún más por la manera en que los responsables intentan borrar sus huellas. El caso de Gabriela Gómez pertenece a ambos.
Cuando la presidenta de México confirmó públicamente que la principal sospechosa había salido del país, la indignación social dejó de centrarse solo en el paradero de la mujer y se trasladó a una pregunta más profunda: ¿todavía es posible que la justicia alcance a la verdad?
El 3 de enero, en Iztapalapa, una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México, Roberto Hernández fue atropellado por un Honda City azul conducido por Gabriela Gómez.
Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que la víctima quedó atrapada bajo el vehículo. Algunos aseguran que Roberto aún se movía. Sin embargo, en lugar de detenerse, la conductora continuó avanzando.
Durante más de dos kilómetros, el cuerpo de Roberto fue arrastrado sobre el asfalto. El sonido del metal contra la calle, los gritos de los transeúntes y los intentos desesperados por hacerla frenar no lograron cambiar el rumbo del automóvil.
Cuando finalmente el cuerpo se desprendió del vehículo, Gabriela no regresó. Aceleró y desapareció.
Para los especialistas en derecho penal, este detalle es clave. No se trata de un instante de pánico, sino de una secuencia prolongada de decisiones. Esa interpretación cambió por completo la naturaleza del caso.
Gabriela condujo directamente a su casa en Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl. Las cámaras de seguridad registraron que permaneció allí menos de veinte minutos.
Fue tiempo suficiente para recoger documentos, dinero en efectivo y ropa. Antes de irse, dejó una instrucción clara a su familia: si la policía llegaba, debían decir que no sabían nada.
Desde ese momento, la investigación dejó de enfocarse solo en una persona y comenzó a mirar a todo el entorno. La familia fue señalada por su presunta participación activa en el encubrimiento.
El Honda City fue trasladado a otro punto de la ciudad, sin placas, con la cajuela abierta. Para los investigadores, mover el vehículo fue una forma directa de romper el vínculo entre el crimen y el domicilio.
Cuando los agentes tocaron la puerta, recibieron negativas. Nadie había visto a Gabriela. Nadie sabía nada del automóvil. Sin embargo, el sistema de cámaras C5 ya había registrado todo el recorrido.
Las mentiras se derrumbaron una a una. En los informes oficiales, la conducta de la familia dejó de considerarse protección emocional y pasó a ser catalogada como posible complicidad.
La historia se volvió aún más inquietante cuando varios miembros de la familia comenzaron a desaparecer. David, el hermano de Gabriela, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, abandonando trabajo y vivienda.
Elliot, el esposo, quien estuvo en la casa la noche del crimen, dejó de contestar llamadas y no acudió a las citaciones judiciales.
Ingrid, la hija adulta que vivía en el mismo domicilio, también se fue sin dejar rastro. Un primo, que inicialmente parecía colaborar con las autoridades, terminó cortando todo contacto.
Para los fiscales, la coincidencia en los tiempos y la forma sistemática de estas ausencias no puede explicarse como simples decisiones individuales. Todo apunta a un patrón que busca diluir responsabilidades.
El expediente pasó de ser un accidente de tránsito a un caso de homicidio calificado. Los elementos que sustentan la acusación incluyen abandono de la víctima, omisión de auxilio, arrastre prolongado del cuerpo y acciones posteriores para ocultar pruebas.
De acuerdo con la legislación mexicana, Gabriela Gómez, de 43 años, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión.
En ese contexto, la confirmación oficial de que la sospechosa salió del país marcó un punto de quiebre. El caso dejó de ser solo judicial y se convirtió en un asunto político y social.
La ciudadanía exige saber cómo una persona acusada de un crimen tan grave pudo cruzar las fronteras sin ser detenida.
Organizaciones civiles advirtieron que, si este caso no se persigue hasta el final, se establecerá un precedente peligroso.
Un mensaje implícito de que, con los recursos adecuados y el silencio correcto, la justicia puede ser esquivada.
Mientras tanto, la familia de Roberto Hernández vive una realidad opuesta. No puede huir. Solo puede visitar una tumba y cargar con preguntas sin respuesta.
Por qué nadie detuvo el auto. Por qué Roberto fue tratado como un objeto. Por qué los responsables pudieron desaparecer con tanta facilidad.
Especialistas en psicología social señalan que casos como este no solo destruyen a una familia, sino que erosionan la confianza colectiva en las instituciones.
Cuando la sociedad ve que una sospechosa puede salir del país sin consecuencias inmediatas, comienza a dudar del valor real de la ley.
El tiempo se convierte en el mayor enemigo. Cada día que pasa, el nombre de Roberto corre el riesgo de perder fuerza en la memoria pública.
Cada semana, la indignación es reemplazada por nuevas noticias. Y en ese silencio, los expedientes suelen quedarse en el fondo de un archivo.
El caso de Gabriela Gómez no es solo la historia de una mujer que huyó. Es una prueba para el sistema judicial, para la responsabilidad de los medios y para la memoria colectiva de la sociedad.
Gabriela pudo abandonar México. Pero no puede borrar las imágenes registradas, los testimonios de quienes vieron todo y la muerte de Roberto Hernández, que ya forma parte de una herida abierta en la conciencia social.
La justicia, si todavía tiene sentido, no puede detenerse en una frontera. Y si este caso se olvida, no solo se habrá enterrado a una víctima, sino también la confianza en la equidad.
Esa sería, en realidad, la tragedia más grande que deja este crimen.
